• La iniciativa legal se presentó en el marco de la realidad que sufren muchos usuarios de servicios básicos de bajos ingresos, a quienes en reiteradas oportunidades no les llega la cuenta para cancelar, acumulándose así una deuda de meses, lo que resulta tremendamente injusto ya que luego deben cancelar el total del monto de una sola vez.
El diputado UDI Enrique van Rysselberghe presentó un proyecto de ley que busca la protección del consumidor en materia de cobro de servicios básicos. Si bien, en un principio el no pagar durante algunos meses las cuentas de servicios básicos podría resultar atractivo, la realidad en los sectores más modestos, aseguró el diputado UDI, indica que ante la ausencia de cobro es muy difícil ahorrar por meses el dinero para el pago, por aparecer múltiples necesidades a las cuales destinarlos, lo que lleva a que cuando finalmente se efectúa la liquidación no se dispongan de los recursos para cancelar.
La ley del Consumidor señala que la empresa que suspenda, paralice o no preste, sin justificación, un servicio previamente contratado y por el cual se ha pagado el derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención será castigada con una multa de hasta 150 unidades tributarias mensuales. Ahora bien cuando el “bien” de que se trata es de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, el proveedor no podrá efectuar cobro alguno por el servicio durante el tiempo en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o reembolsar al consumidor el precio en la proporción que corresponda.
Sin embargo, el legislador preciso que nada dice en la Ley del Consumidor respecto al retraso, por parte de la empresa, en la entrega de las boletas de cobro, acumulándose en algunas oportunidades varias liquidaciones las que deben ser pagadas con posterioridad de una sola vez.
Por ello, explicó el diputado van Rysselberghe que el proyecto de ley presentado busca resguardar a quien recibe el servicio básico para asegurarle el envío de la liquidación mensual en forma oportuna, de manera tal de no atrasarse en el pago del servicio; de no ocurrir así la empresa podrá ser sancionada con multa no inferior a 10 UTM ni superior a 100 UTM por cada consumidor afectado, por cada mes en que la cuenta a pagar no le hubiese llegado a su domicilio.
El diputado UDI Enrique van Rysselberghe presentó un proyecto de ley que busca la protección del consumidor en materia de cobro de servicios básicos. Si bien, en un principio el no pagar durante algunos meses las cuentas de servicios básicos podría resultar atractivo, la realidad en los sectores más modestos, aseguró el diputado UDI, indica que ante la ausencia de cobro es muy difícil ahorrar por meses el dinero para el pago, por aparecer múltiples necesidades a las cuales destinarlos, lo que lleva a que cuando finalmente se efectúa la liquidación no se dispongan de los recursos para cancelar.
La ley del Consumidor señala que la empresa que suspenda, paralice o no preste, sin justificación, un servicio previamente contratado y por el cual se ha pagado el derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención será castigada con una multa de hasta 150 unidades tributarias mensuales. Ahora bien cuando el “bien” de que se trata es de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, el proveedor no podrá efectuar cobro alguno por el servicio durante el tiempo en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o reembolsar al consumidor el precio en la proporción que corresponda.
Sin embargo, el legislador preciso que nada dice en la Ley del Consumidor respecto al retraso, por parte de la empresa, en la entrega de las boletas de cobro, acumulándose en algunas oportunidades varias liquidaciones las que deben ser pagadas con posterioridad de una sola vez.
Por ello, explicó el diputado van Rysselberghe que el proyecto de ley presentado busca resguardar a quien recibe el servicio básico para asegurarle el envío de la liquidación mensual en forma oportuna, de manera tal de no atrasarse en el pago del servicio; de no ocurrir así la empresa podrá ser sancionada con multa no inferior a 10 UTM ni superior a 100 UTM por cada consumidor afectado, por cada mes en que la cuenta a pagar no le hubiese llegado a su domicilio.
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